¿El derrumbe de la participación está vinculado al vacio político y al declive institucional?

Por Juan Carlos Espinal.
¿Quién, de no ser la autoridad pública, en el presidencialismo, podría y querría asegurar un
mínimo de renta y de bienestar para toda la sociedad, contrarrestando la tendencia capitalista
hacia la desigualdad tan visible en las décadas de crisis? ¿Qué cambios en el sistema de
partidos políticos tradicionales serían necesarios para eliminar sus defectos? ¿Seguirá siendo
el mismo sistema presidencialista después de haber eliminado la participacion?
Ya que, como había observado Juan Bosch – a propósito de las fluctuaciones cíclicas de la
democracia capitalista -: “…Estas arritmias históricas no son acontecimientos sociales y
políticos aislados que puedan tratarse por separado sino como parte de la esencia del estadonación
que los pone de manifiesto…” La reacción inmediata de los estrategas políticos de la
sociedad civil ante el hundimiento del sistema electoral de partidos políticos tradicionales fue
que ratificaba el triunfo permanente del gran capital corporativo, del presidencialismo
centrista, y del bipartidismo de derechas, dos conceptos que los analistas de opinión menos
refinados acostumbran a confundir.
Aunque a fines del Siglo 20 no podía decirse que el centrismo populista estuviera en su mejor
momento, el capitalismo de concentracion al estilo neo liberal estaba definitivamente muerto
y con pocas probabilidades de revivir. Por otra parte, a principios de los noventas ningún
estratega serio podía sentirse tan optimista respecto de la democracia representativa como
del centrismo ideológico. Lo máximo que podía predecirse con alguna confianza,
exceptuando tal vez los regímenes autoritarios más inspirados por el personalismo. Todos los
partidos políticos continuarían declarando su profundo compromiso con el bipartidismo de
derechas, con el nacionalismo secular, aliados al consenso de Washington o no, organizando
algún tipo de elecciones (¿Selecciones?), manifestando cierta tolerancia hacia la oposición
y dando un matiz de significado propio a este término.
La característica más destacada de la situación política electoral de la democracia
representativa era la inestabilidad. Para la mayoría de los estrategas políticos de la sociedad
civil las posibilidades de supervivencia de la democracia representativa existente en los
próximos diez o quince años no eran, según los cálculos del optimista sociólogo César Pérez,
“…demasiado buenos…” e incluso en partidos políticos con sistemas electorales
relativamente estables, como el PLD o el PRD, su existencia como modelo de bipartidismo
unificado podía ser insegura en el futuro inmediato, como lo era la naturaleza institucional
del partido reformista, por ejemplo.
En definitiva, el centrismo ideológico no es un buen campo para los adivinos. Sin embargo,
algunas características del panorama político local permanecen inalterables.
La primera de estas características era el debilitamiento del estado-nación, la institución
política central desde la era de las privatizaciones, tanto en virtud de su monopolio del poder
público y de la ley, como porque continúa el campo de acción político más adecuado para
muchos fines.
El estado-nación , 1962-2010, por ejemplo, fue erosionado en dos sentidos: A) Perdió poder
y atributos al transferirlos a diversas entidades supranacionales, el FMI, por ejemplo y, B)
Perdió absolutamente el monopolio de la fuerza y de sus privilegios históricos, dentro del
marco de sus fronteras, como lo muestran el auge de los servicios privados de seguridad y
mensajería Courier que compiten con los servicios postales del país, que hasta el momento
eran controlados en todas partes por el Ministerio de Interior y Policía.
Estos cambios no hicieron al estado-nación innecesario ni eficaz. En algunos aspectos su
capacidad de supervisar y controlar los asuntos de sus ciudadanos se vio reforzada por la
tecnología, ya que prácticamente todas las transacciones financieras y administrativas,
exceptuando los pagos en efectivo, por ejemplo, quedaban registradas en la memoria de algún
computador; y todas las comunicaciones, excepto las conversaciones personales, cara a cara,
en espacios abiertos, podían ser intervenidas y grabadas.
Sin embargo, la situación política de la nación había cambiado. Desde 1962 hasta la segunda
mitad de 2010, el estado-nación había extendido su alcance, sus poderes y funciones casi
ininterrumpidamente.
Este era el fin del aspecto esencial de la segunda fase del proceso de globalización neoliberal.
Tanto si los gobiernos del PRD o del PLD eran liberales o no, como conservadores,
socialdemócratas, o marxistas o no, en el apogeo del mercado, los parámetros de la vida de
la institucionalidad democrática de los partidos políticos tradicionales estaban determinados
casi exclusivamente por las acciones o inacciones del gran capital.
Incluso el impacto de fuerzas globales y su fenomenología, sus depresiones cíclicas, por
ejemplo, llegaban a las clases medias y a los trabajadores filtradas por el centrismo
ideológico, la política y las relaciones públicas de las instituciones del estado.
En el Siglo XXI, el estado estaba a la defensiva contra una economía mundial que no podría
controlar; contra las instituciones burocráticas que creó para remediar su propia debilidad
constitucional; contra su aparente incapacidad financiera para mantener los servicios
públicos; contra su incapacidad real para mantener la que, según su propio criterio, era su
función principal: la conservación de la ley y el orden público.
El propio hecho de que durante la época de CORDE, por ejemplo, el estado asumiese y
centralizase tantas funciones, y se fijase unas metas tan ambiciosas en materia energética y
de seguridad ciudadana, hacía su incapacidad para sostenerlas doblemente dolorosa.
Y, sin embargo, el estado, o cualquier otra forma de autoridad pública que representase el
interés público, resultaba ahora más indispensable que nunca, si habían de remediarse las
injusticias sociales y ambientales causadas por el capitalismo neo liberal o incluso, como
demostró la reforma constitucional de 2010: “…Si el estado no realiza cierta asignación y
redistribución de la renta nacional el resultado seria catastrófico……” La otra opción sería
recrear el tipo de consenso que permite a las autoridades electas mantener una libertad de
acción, al menos mientras el 40% de “abstencionistas” no tengan demasiados motivos de
descontento. Semejante modelo electoral puede llegar al poder constitucional o
inconstitucionalmente pero, si es ratificado por una elección razonablemente honesta, con la
posibilidad de elegir candidatos rivales y algún margen para la oposición, satisface los
criterios de legitimidad democrática de las tribus políticas.
La distribución social y no el crecimiento es lo que dominará las políticas del nuevo milenio.
Para detener la inminente crisis social, política, económica y ambiental de la isla es
imprescindible que el gran capital corporativo no se ocupe de asignar los recursos o, al menos
que las élites de los partidos tradicionales limiten tajantemente las asignaciones del mercado.
De una manera o de otra, el destino de la democracia representativa dependerá de la
restauración de las autoridades públicas.
Esto nos plantea un doble problema: ¿Cuál sera la naturaleza y las competencias de las
autoridades electas que tomen las decisiones supranacionales, sub nacionales y globales,
solas o conjuntamente? ¿Cuál será su relación con los electores a que estas decisiones se
refieren? Es casi seguro que el centrismo presidencialista irá perdiendo terreno, puesto que
cada vez más y más organismos de los poderes del Estado de toma de decisiones se van
sustrayendo del control electoral, del presidencialismo, excepto en el sentido indirecto de que
los gobiernos que nombran estos organismos fueron elegidos en algún momento.
En resumen, tanto si la ciudadania tenía derecho a elegir su gobierno como si no, sus
intervenciones, activos y pasivos, en los asuntos públicos, fueron decisivos. Si, como es
probable, el sufragio universal sigue siendo la regla general, parecen existir opciones político
ideológicas alternas.
En los casos donde la toma de decisiones sigue siendo competencia política de una reducida
minoría la ciudadania soslayará cada vez más el proceso electoral, o mejor dicho, del
verticalismo de derechas, del control constante del gobierno inseparable de él. Pero, sin
embargo, no ofrece ninguna perspectiva alentadora para el futuro de la democracia
parlamentaria de tipo liberal.
No sabemos adónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este momento
crucial y, si los lectores comparten el planteamiento de esta tesis, porque. Sin embargo, una
cosa está clara: si los partidos políticos tradicionales han de tener un futuro, no será
prolongando las crisis del pasado y del presente. Si las élites de los partidos políticos
tradicionales intentan construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos.
Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad, es la oscuridad.

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