¿ El derrumbe de la participación está vinculado al vacío político y al declive institucional?

Por Juan Carlos Espinal

¿Quién, de no ser la autoridad pública, en el presidencialismo, podría y querría asegurar un mínimo de renta y de bienestar para toda la sociedad, contrarrestando la tendencia capitalista hacia la desigualdad tan visible en las décadas de crisis? ¿Qué cambios en el sistema de partidos políticos tradicionales serían necesarios para eliminar sus defectos? ¿Seguirá siendo el mismo sistema presidencialista después de haber eliminado la participación?

Ya que, como había observado Juan Bosch – a propósito de las fluctuaciones cíclicas de la democracia capitalista -: “…Estas arritmias históricas no son acontecimientos sociales y políticos aislados que puedan tratarse por separado sino como parte de la esencia del estado-nación que los pone de manifiesto…” La reacción inmediata de los estrategas políticos de la sociedad civil ante el hundimiento del sistema electoral de partidos políticos tradicionales fue que ratificaba el triunfo permanente del gran capital corporativo, del presidencialismo centrista, y del bipartidismo de derechas, dos conceptos que los analistas de opinión menos refinados acostumbran a confundir.
Aunque a fines del Siglo 20 no podía decirse que el centrismo populista estuviera en su mejor momento, el capitalismo de concentracion al estilo neo liberal estaba definitivamente muerto y con pocas probabilidades de revivir. Por otra parte, a principios de los noventas ningún estratega serio podía sentirse tan optimista respecto de la democracia representativa como del centrismo ideológico. Lo máximo que podía predecirse con alguna confianza, exceptuando tal vez los regímenes autoritarios más inspirados por el personalismo. Todos los partidos políticos continuarían declarando su profundo compromiso con el bipartidismo de derechas, con el nacionalismo secular, aliados al consenso de Washington o no, organizando algún tipo de elecciones (¿Selecciones?), manifestando cierta tolerancia hacia la oposición y dando un matiz de significado propio a este término.

La característica más destacada de la situación política electoral de la democracia representativa era la inestabilidad. Para la mayoría de los estrategas políticos de la sociedad civil las posibilidades de supervivencia de la democracia representativa existente en los próximos diez o quince años no eran, según los cálculos del optimista sociólogo César Pérez, “…demasiado buenos…” e incluso en partidos políticos con sistemas electorales relativamente estables, como el PLD o el PRD, su existencia como modelo de bipartidismo unificado podía ser insegura en el futuro inmediato, como lo era la naturaleza institucional del partido reformista, por ejemplo.

En definitiva, el centrismo ideológico no es un buen campo para los adivinos. Sin embargo, algunas características del panorama político local permanecen inalterables.

La primera de estas características era el debilitamiento del estado-nación, la institución política central desde la era de las privatizaciones, tanto en virtud de su monopolio del poder público y de la ley, como porque continúa el campo de acción político más adecuado para muchos fines.

El estado-nación , 1962-2010, por ejemplo, fue erosionado en dos sentidos: A) Perdió poder y atributos al transferirlos a diversas entidades supranacionales, el FMI, por ejemplo y, B) Perdió absolutamente el monopolio de la fuerza y de sus privilegios históricos, dentro del marco de sus fronteras, como lo muestran el auge de los servicios privados de seguridad y mensajería Courier que compiten con los servicios postales del país, que hasta el momento eran controlados en todas partes por el Ministerio de Interior y Policía.

Estos cambios no hicieron al estado-nación innecesario ni eficaz. En algunos aspectos su capacidad de supervisar y controlar los asuntos de sus ciudadanos se vio reforzada por la tecnología, ya que prácticamente todas las transacciones financieras y administrativas, exceptuando los pagos en efectivo, por ejemplo, quedaban registradas en la memoria de algún computador; y todas las comunicaciones, excepto las conversaciones personales, cara a cara, en espacios abiertos, podían ser intervenidas y grabadas.

Sin embargo, la situación política de la nación había cambiado. Desde 1962 hasta la segunda mitad de 2010, el estado-nación había extendido su alcance, sus poderes y funciones casi ininterrumpidamente.

Este era el fin del aspecto esencial de la segunda fase del proceso de globalización neoliberal. Tanto si los gobiernos del PRD o del PLD eran liberales o no, como conservadores, socialdemócratas, o marxistas o no, en el apogeo del mercado, los parámetros de la vida de la institucionalidad democrática de los partidos políticos tradicionales estaban determinados casi exclusivamente por las acciones o inacciones del gran capital.

Incluso el impacto de fuerzas globales y su fenomenología, sus depresiones cíclicas, por ejemplo, llegaban a las clases medias y a los trabajadores filtradas por el centrismo ideológico, la política y las relaciones públicas de las instituciones del estado.

En el Siglo XXI, el estado estaba a la defensiva contra una economía mundial que no podría controlar; contra las instituciones burocráticas que creó para remediar su propia debilidad constitucional; contra su aparente incapacidad financiera para mantener los servicios públicos; contra su incapacidad real para mantener la que, según su propio criterio, era su función principal: la conservación de la ley y el orden público.

El propio hecho de que durante la época de CORDE, por ejemplo, el estado asumiese y centralizase tantas funciones, y se fijase unas metas tan ambiciosas en materia energética y de seguridad ciudadana, hacía su incapacidad para sostenerlas doblemente dolorosa.

Y, sin embargo, el estado, o cualquier otra forma de autoridad pública que representase el interés público, resultaba ahora más indispensable que nunca, si habían de remediarse las injusticias sociales y ambientales causadas por el capitalismo neo liberal o incluso, como demostró la reforma constitucional de 2010: “…Si el estado no realiza cierta asignación y redistribución de la renta nacional el resultado seria catastrófico……” La otra opción sería recrear el tipo de consenso que permite a las autoridades electas mantener una libertad de acción, al menos mientras el 40% de “abstencionistas” no tengan demasiados motivos de descontento. Semejante modelo electoral puede llegar al poder constitucional o inconstitucionalmente pero, si es ratificado por una elección razonablemente honesta, con la posibilidad de elegir candidatos rivales y algún margen para la oposición, satisface los criterios de legitimidad democrática de las tribus políticas.

La distribución social y no el crecimiento es lo que dominará las políticas del nuevo milenio. Para detener la inminente crisis social, política, económica y ambiental de la isla es imprescindible que el gran capital corporativo no se ocupe de asignar los recursos o, al menos que las élites de los partidos tradicionales limiten tajantemente las asignaciones del mercado. De una manera o de otra, el destino de la democracia representativa dependerá de la restauración de las autoridades públicas.

Esto nos plantea un doble problema: ¿Cuál sera la naturaleza y las competencias de las autoridades electas que tomen las decisiones supranacionales, sub nacionales y globales, solas o conjuntamente? ¿Cuál será su relación con los electores a que estas decisiones se refieren? Es casi seguro que el centrismo presidencialista irá perdiendo terreno, puesto que cada vez más y más organismos de los poderes del Estado de toma de decisiones se van sustrayendo del control electoral, del presidencialismo, excepto en el sentido indirecto de que los gobiernos que nombran estos organismos fueron elegidos en algún momento.

En resumen, tanto si la ciudadania tenía derecho a elegir su gobierno como si no, sus intervenciones, activos y pasivos, en los asuntos públicos, fueron decisivos. Si, como es probable, el sufragio universal sigue siendo la regla general, parecen existir opciones político ideológicas alternas.

En los casos donde la toma de decisiones sigue siendo competencia política de una reducida minoría la ciudadania soslayará cada vez más el proceso electoral, o mejor dicho, del verticalismo de derechas, del control constante del gobierno inseparable de él. Pero, sin embargo, no ofrece ninguna perspectiva alentadora para el futuro de la democracia parlamentaria de tipo liberal.

No sabemos adónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este momento crucial y, si los lectores comparten el planteamiento de esta tesis, porque. Sin embargo, una cosa está clara: si los partidos políticos tradicionales han de tener un futuro, no será prolongando las crisis del pasado y del presente. Si las élites de los partidos políticos tradicionales intentan construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos.

Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad, es la oscuridad.

Por Juan Carlos Espinal

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